Después de agotar todas las instancias nacionales, el colectivo Yasunidos presentó el pasado martes 28 de octubre una demanda contra el Estado ecuatoriano por violación de derechos políticos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano perteneciente a la Organización de Estados Americanos (OEA) y que tiene su sede en la ciudad de Washington. Mientras esto ocurría, en la capital ecuatoriana se celebraba una rueda de prensa donde integrantes del colectivo y sus abogados aseguraron que el Estado ecuatoriano violó los derechos políticos de las 757.623 personas que firmaron por una consulta popular y cuyas firmas fueron arbitrariamente desechadas por los órganos competentes.
Fue el 15 de agosto de 2013 cuando el presidente Rafael Correa anunció la decisión de abandonar la iniciativa Yasuní-ITT que pretendía mantener el petróleo del bloque ITT -Ishpingo, Tiputini, Tambococha-, dentro del Parque Nacional Yasuní, indefinidamente bajo el subsuelo. En rechazo a esta decisión gubernamental, diferentes sectores de la sociedad civil se agruparon en torno al movimiento Yasunidos para exigir que fuera el pueblo ecuatoriano quien tomara la decisión a través de una consulta popular. Tras seis meses de recogida de firmas, en un proceso no exento de polémica, presentaron 757.623 de las 583.324 rúbricas necesarias ante el Consejo Nacional Electoral. Más de la mitad fueron invalidadas lo que provocó que Yasunidos exigiera su publicación, algo que nunca ocurrió.
Ramiro Ávila, uno de los abogados del colectivo, consideró que Ecuador ha... Leer mas
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